Merece la pena recorrer los veinte kilómetros que van desde Cuenca hacia Villanueva de los Escuderos para contemplar la superficie que ocupará la nueva Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Circulando por ese trayecto arbolado, estrecho y con curvas, se adquiere un conocimiento claro de hasta qué punto constituyó un abuso del gobierno de García Page autorizar -el pasado 22 de octubre-, el Convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Diputación de Cuenca, para la construcción de una infraestructura de gestión de los residuos en una zona de alto riesgo de incendio forestal.
La Junta de Castilla-La Mancha permitiendo que se inviertan 43,5 millones de euros en una Planta de catorce hectáreas, en el municipio de Villanueva de los Escuderos, incumple el primer objetivo de cualquier política en materia de residuos: “reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente”. Según se deduce del Informe elaborado por el Servicio de Medio natural y biodiversidad de la delegación de la Consejería de Desarrollo sostenible de Cuenca, la instalación proyectada es una seria amenaza al medio natural, pone en grave riesgo el ecosistema y está propiciando el incendio de espacios protegidos. En virtud de lo cual, el proyecto de la Planta de residuos vulnera los Tratados de la Unión Europea, la Constitución Española, la Directiva europea de residuos y la vigente Ley de residuos de abril del 2022.
De la lectura del Informe técnico elaborado por la delegación de Cuenca es posible deducir lo disparatado que resulta construir un depósito de residuos en un emplazamiento que afecta a la cuenca del arroyo del Ejidillo, próximo al espacio de la Red Natura 2000 y a una Zona de Especial Conservación. El documento detalla que la Planta se ubica en un área de campeo de rapaces en peligro de extinción, como el milano real, y otras de “interés especial” (azor, águila calzada, ratonero, buitre leonado y milano negro), así como de avifauna rupícola que nidifica en los bordes de las hoces asociadas al río Júcar, como el águila perdicera – “en peligro de extinción”- o el alimoche y el búho real, en la categoría de “vulnerables”. Refiere también el Informe que el proyecto ocasiona la supresión de un 14% de la masa forestal constituida por pino laricio y sabina negral. Además, se sitúa en una zona de alto riego de incendio forestal (ZAR) poniendo en peligro la vegetación arbolada asociada a la ribera del arroyo y el río Júcar, que constituye un bosque natural de importancia para la biodiversidad, como son los pinos negros endémicos y los bosques de encinares.
Por lo tanto, el Convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Diputación Provincial de Cuenca para construir el nuevo centro de tratamiento de residuos a veinte kilómetros de Cuenca no solo incumple el principio de proximidad en los traslados de residuos, sino que pone un grave peligro las Áreas Protegidas de la provincia de Cuenca y de la Red Natura 2000, amenaza los ecosistemas, la biodiversidad y aumenta los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas que provocan incendios forestales.
Hay que evitar que se inviertan fondos europeos para hacer la Planta de tratamiento de los residuos en una zona de alto riesgo de incendio forestal, que amenaza espacios protegidos y hábitats de protección especial para la biodiversidad. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado nos obliga exigir a las autoridades del gobierno autonómico, provincial y municipal que respeten las leyes Europeas, Estatales y Autonómicas que fomentan un desarrollo sostenible. Por todo lo cual procede elevar un escrito a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para evitar el peligro que supone una ruinosa Planta de residuos a veinte kilómetros de la ciudad, autorizada por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, García Page y promovida por el presidente de la Diputación y alcalde de Almonacid del Marquesado, Martínez Chana.
Opinión de Fernando Casas Mínguez.
