100.000 olivos están siendo expropiados y arrancados en el Paisaje del Olivar de Jaén para construir una megaplanta fotovoltaica. La instalación solar proyectada se sitúa entre los términos municipales de las poblaciones de Lopera, Arjona y Marmolejo; en concreto son cinco plantas troceados y fragmentados en proyectos más pequeños que no superen los 50 megavatios o las 100 hectáreas de superficie ocupada para eludir el control de las administraciones. Su extensión total será de 895 hectáreas, el equivalente a 895 campos de fútbol.
La proliferación de este tipo de proyectos al olor de los fondos europeos Next Generation empieza a ser muy común en España, así como los procesos de expropiación forzosa o de ofrecer a los propietarios de las tierras una renta por el alquiler de la tierra aprovechando la situación actual de vulnerabilidad y problemática que vive el mundo rural y la agricultura; en muchos casos en complicidad con las administraciones y las corporaciones locales. Esta situación está provocando grandes conflictos sociales en las zonas afectadas, creando polaridad entre los vecinos, unos partidarios y otros detractores a estas instalaciones. Estas empresas que llegan a nuestros pueblos a especular con nuestras tierras les suelen ofrecer a los propietarios un arrendamiento anual a 30 años entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea, y luego se lo revenden a fondos de inversión a 10.000 euros la hectárea, es decir, dan diez veces menos que su valor real.
El gran y ambicioso negocio de la Agenda 2030 y del Cambio Climático ha determinado las políticas nacionales y han hecho proliferar “Planes de acción climática” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo del CO2 antropogénico; porque dicen que es el cusante del cambio climático. Para conseguirlo, este Plan en España establece que el 48% del uso final de la energía y el 81% de la generación eléctrica sean de origen renovable. Esto se traduce en que, para 2030, España deberá contar con 62 GW de potencia instalada de energía eólica —de los que 3 GW serán de eólica marina—, 76 GW de solar fotovoltaica, 14,5 GW de hidráulica y 4,8 GW de solar termoeléctrica. Por tanto, para cumplirlo, todavía necesitamos el doble de las instalaciones eólicas existentes y más del 40% de la energía fotovoltaica que tenemos actualmente. A esto hay que añadirle que el grado de dependencia energética exterior en España es ahora del 75%, importando alrededor de tres cuartas partes de la energía primaria consumida, con un autoabastecimiento solo al 25%. Eso supone una factura anual de más de 45.000 millones de euros.
¿Podremos ser soberanos e independientes energéticamente con este tipo de energía renovable en España? ¿Será compatible esta transición energética con la preservación del medio rural, del sector primario, del paisaje y de la biodiversidad de nuestros espacios naturales?
Este próximo miércoles 27 de noviembre, en el centro cultural de la Fundación Ibercaja, tendrá lugar una conferencia con el titulo “El mundo rural: renovables y campo”. Con ella la organización SOS Rural quiere por un lado hacer eco y reflexionar sobre la necesidad de regular las macroplantas fotovoltaicas y eólicas en España, amenazada por la proliferación descontrolada de macro plantas que ponen en riesgo la soberanía alimentaria de España. Y por otro denunciar que no hay mayor alteración del ecosistema que la que se produce cuando se construye una macroplanta fotovoltaica y eólica, tras la que no vuelve a crecer nada en décadas.
Estamos cambiando los paisajes y los alimentos que produce nuestra tierra por paneles solares, plástico y tornillos que esterilizan nuestro campo y que traerá la descapitalización alimentaria y por tanto la importación masiva de alimentos de terceros países que no han cumplido con los rigurosos estándares de calidad europeos poniendo a los agricultores españoles en una situación muy precaria. Estas plantas, son construidas utilizando un recurso que es escaso e irremplazable: el suelo. La construcción de las plantas conlleva movimientos de tierras, soterramientos, cimentación y vallados que afectan al suelo de una forma prácticamente irreversible y que si no son realizados de una forma adecuada pueden conducir a mayores riesgos de erosión y escorrentías. Además, en la mayoría de las ocasiones el suelo que es utilizado para estas plantas es sustraído de la producción agrícola y ganadera con lo que en el largo plazo podemos poner en riesgo nuestra soberanía y seguridad alimentaria.
Energía, alimentación y medio ambiente pueden y deben ser compatibles. Las energías renovables son y serán importantes en el desarrollo energético de nuestro país, pero es fundamental dar a conocer la otra cara de la moneda que no se muestra, como por ejemplo el impacto de este tipo mega plantas energéticas sobre la biodiversidad y en el paisaje de nuestro entorno. Lo que no nos cuentan cuando se escudan en el cacareado “es de interés público” es el enorme impacto medioambiental de la energía fotovoltaica debido al uso de materiales muy contaminantes en su fabricación, de los potenciales residuos que se generan al final de su vida útil, de la ocupación de territorio y su afección a la biodiversidad y de los impactos paisajísticos. Por supuesto tampoco les importa mucho estas expropiaciones forzosas que sufren muchos agricultores que en numerosas ocasiones no son siempre justificadas.
Lo que tampoco nos cuentan es que tan solo el 20% de la energía solar obtenida por los paneles se convierte en electricidad, mientras que el 80% restante contribuye al calentamiento y aumento de temperaturas en las zonas cercanas al lugar en el que están instalados. Por tanto la proliferación y colocación de estos paneles solares en las ciudades podría incrementar el fenómeno de las islas de calor urbanas, principalmente en zonas donde hay poca o ninguna vegetación.
Tras la excusa de querer proporcionar energía limpia para miles de hogares se ha construido una burbuja que tiene tintes de estafa, que está enriqueciendo a empresarios y mega empresas y fondos de inversión con intereses exclusivamente económicos por encima de sociales, ambientales y rurales, importándoles muy poco la herida tan grande que estas macro instalaciones dejarán en el territorio rural de nuestro país.
Opinión de Antonio de Miguel
