En un comunicado emitido a la prensa, la plataforma “Stop Macrogranjas” afirma que la consejería de desarrollo sostenible de Castilla La Mancha está levantando la mano respecto a la posición establecida en los últimos 4 años en la que se ha mantenido una moratoria a la construcción de nuevas granjas o a la ampliación de las existentes en régimen de Autorización Ambiental Integrada .
La situación real es que Castilla La Mancha ha sufrido una paralización en los últimos años que ha impedido que el sector porcino haya progresado de una manera sostenible y cumpliendo todas las normativas europeas y nacionales en materia tanto de prevención de la contaminación, como de ordenación y funcionamiento de las granjas.
En el borrador de decreto presentado por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública hasta el jueves 21 de noviembre, se establecen unas normas muy desproporcinadamente más restrictivas que la normativa europea y nacional para las granjas, que hace que la valorización agronómica del purín sea inviable económicamente, fomentando consecuentemente el uso de fertilizantes minerales que la UE desea reducir en sus políticas medioambientales ((https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf#page=10).
Inevitablemente, el nuevo Decreto puede ser aprovechado por plataformas contrarias a la ganadería intensiva y al consumo de carne como un medio para alcanzar sus fines dogmáticos sin atender a los informes científicos que avalan la actividad ganadera ni a los principios de igualdad que regulan el mercado europeo para evitar distorsión de competencia. En este sentido, es importante que la Administración Pública sea capaz de poner en marcha un Decreto compatible con la normativa europea y nacional, y que no impida el desarrollo ordenado y la mejora contínua que garantiza la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector porcino de Castilla La Mancha. Cabe recordar que el porcino es un sector fundamental en Castilla La Mancha, responsable del 2,6% del PIB, suponiendo una gran fuente de ingresos para la comunidad y dando puestos de trabajo de manera directa e indirecta a 33.000 personas la mayoría de ellos en el medio rural, tan necesitado de inversión y actividad económica.
En la nota de prensa de “Stop Macrogranjas” se hace referencia a la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de la región. Si se cruzasen en un mapa las zonas vulnerables a nitratos y la localización de las granjas de Castilla La Mancha podríamos comprobar que la gran mayoría de esas zonas vulnerables están en localizaciones en las que no existen granjas de porcino, dejando claro que esto no es un problema de la fertilización con purines, la cual está completamente regulada y limitada por diferentes normativas como la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, el Real Decreto 47/2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos de fuentes agrarias y el Real Decreto 1051/2022 por el que se establecen las normas para la nutrición sostenible de suelos agrarios.
Asimismo, existen evidencias científicas disponibles actualmente a través de estudios formales respaldados y promovidos por el MAPA que demuestran que la principal fuente de contaminación es de origen inorgánico. Además, gracias a la herramienta ECOGAN desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se tiene información real sobre las emisiones de forma individualizada granja a granja así como de la mitigación de las mismas gracias a las Mejores Técnicas Aplicadas, siendo algunas de obligado cumplimiento en España tanto para granjas nuevas como exitentes (Real Decreto 306/2020).
Estamos ante un sector que cada vez está más tecnificado y que se desarrolla de una manera sostenible tanto para la sociedad como para los ganaderos, creando granjas con un nivel tecnológico muy elevado y fijando la población al medio rural en muchos de los municipios castellanomanchegos. El nuevo Decreto puede ser una oportunidad para potenciar la digitalización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, mejorar el control de la trazabilidad de las aplicaciones del estiércol al campo y reducir los inconvenientes por malos olores en su aplicación al suelo agrícola, evitando el posible rechazo social hacia la porcinocultura.
